La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 30 de octubre, y que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, tiene como principales novedades la llamada 'Tasa Google', junto al pago de la compensación por copia privada y la elevación de las multas por piratería hasta los 600.000 euros.

 

El Gobierno ha reconocido que la reforma es parcial y ha prometido una modificación más profunda dentro de un año.

 

La ‘tasa Google’ o canon AEDE, caballo de batalla de la Asociación de Editores de Diarios, extiende el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores de internet, de tal forma que establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable.

 

Google ha expresado su posición sobre lo que supone la aprobación de la Ley en un comunicado enviado a los medios: “Estamos decepcionados con la nueva ley porque creemos que servicios como Google News ayudan a los editores a llevar tráfico a sus sitios web". También ha señalado que "por lo que se refiere al futuro, continuaremos trabajando con los editores españoles para ayudarles a incrementar sus ingresos mientras valoramos nuestras opciones en el marco de la nueva regulación”.

 

En cuanto al uso de fragmentos de obras en la enseñanza e investigación permite la utilización gratuita de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación. Cuando se trate de la reproducción parcial de obras y publicaciones protegidas para fines educativos o de investigación, más allá de pequeños fragmentos –por ejemplo, capítulos de libros o artículos de revistas–, no será necesaria una autorización expresa, aunque devengará una remuneración que se tramitará a través de las entidades de gestión.

 

 

La nueva ley mantiene de forma transitoria el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores.

 

 

La Ley amplía las sanciones contra las violaciones del copyright en internet incluyendo también a las páginas de enlaces. Las multas oscilan entre la mínima, de 150.000 euros, y la máxima, de 600.000. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá también obligar a anunciantes o servicios de pago online a dejar de colaborar con la página considerada pirata. 

 

Establece multas de hasta 600.000 euros para las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.

 

La Ley, en consonancia con una directiva europea, amplia el plazo de protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, de 50 a 70 años.

 

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha criticado su aprobación en el Senado al entender que "margina" a los periodistas y fotorreporteros a la hora de percibir una remuneración por sus contenidos. En concreto, la FAPE centra su queja en la tasa Google, que reconoce "únicamente" a los editores e "ignora" a los autores respecto al derecho a la compensación económica establecido para los agregadores que utilicen sus contenidos.

 

CEDRO, en tanto, ha publicado un boletín en el que señala que el nuevo marco legal "devalúa el trabajo de los creadores y los editores y les impide obtener una justa remuneración por su trabajo. Esta ley ve la luz sin el apoyo de los titulares de derechos afectados ni de los partidos de la oposición. Además, este cambio legal nace acompañado del anuncio de una próxima reforma integral".

 

El colectivo de hacktivistas Anonymous ha hackeado la web de la Asociación de Editores y Diarios Españoles (AEDE) para criticar la aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que entre otras cosas prevé un canon para agregadores de noticias.